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CIRCULAR INFORMATIVA 21/2020

Fiscal

MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Con fecha 15 de abril se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 14/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que entra en vigor este mismo día de su publicación, 15 de abril de 2020.

Extensión del plazo para la presentación e ingreso de determinas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Se extiende el plazo de presentación y pago de las autoliquidaciones fiscales hasta el 20 de Mayo, a todos aquellos obligados tributarios cuyo volumen de operaciones no haya sido superior a 600.000,00 euros en el año 2019.

Si se optara por la domiciliación de las declaraciones, este plazo, se extenderá igualmente hasta el 15 de Mayo de 2020.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.
Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

CIRCULAR INFORMATIVA 20/2020

Fiscal y Laboral

MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Con fecha 31 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que entra en vigor el día 01 de abril de 2020.

Entre todas las medidas aportadas, pasamos a detallarles las más importantes:

Derecho a percepción del bono social de suministros por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19.

Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos, los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del apartado 2, acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.

Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua.

Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso.

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia. Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso.

Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas.

  1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
    • En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización.
    • Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras. En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.4.º del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, podrá solicitar el cambio de potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución expresa de la Dirección General de Política Energética y Minas. Los distribuidores deberán atender las solicitudes en los términos establecidos en este artículo. En todo caso, los consumidores deberán notificar a esa Dirección General las solicitudes realizadas a los distribuidores.
  2. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación. En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o la modificación de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apartado anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red. Cuando el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección General de Política Energética y Minas dicha solicitud.
  3. Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de:
    • los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma,
    • los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,
    • en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural.

  1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
    • El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la modificación del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno para él.
    • El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las siguientes medidas:
      • El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de transporte y distribución;
      • La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de duración estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan tenido que transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal contratado y sin que dicha modificación se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de una nueva modificación;
      • La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción.
    • Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la aplicación de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el comercializador al titular del punto de suministro.
  2. Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por parte de distribuidores y transportistas, con independencia de la fecha de fin de vigencia del contrato de acceso o del plazo transcurrido desde su firma o última modificación. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.
  3. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del escalón del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso de suspensión temporal del contrato de acceso, la nueva activación del contrato se hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación.

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo.

  1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación. En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).
  2. En estos casos, las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la obligación de abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora, establecida en el párrafo d) del artículo 46.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, hasta que el consumidor abone la factura completa. Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago conforme al apartado anterior.
  3. Por su parte, las comercializadoras de gas natural quedarán eximidas de abonar el término de conducción del peaje de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora o transportista, establecida en el párrafo f) del artículo 81.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, hasta que el consumidor abone la factura completa. Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras o transportistas la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago conforme al apartado anterior.
  4. Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización también quedarán eximidas de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en virtud de esta medida, hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.
  5. Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los siguientes seis meses. Los autónomos y empresas que se acojan a la suspensión de la facturación recogida en este artículo no podrán cambiar de comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya completado dicha regularización.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

CIRCULAR INFORMATIVA 19/2020

Fiscal y Laboral

MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Con fecha 31 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que entra en vigor el día 01 de abril de 2020.

Entre todas las medidas aportadas, pasamos a detallarles las más importantes:

Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables

  1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. En los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Siendo esta circunstancia comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento.
  2. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.
  3. Moratoria de deuda arrendaticia. Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.

Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda.

La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 , en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:

a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

Lo dispuesto en los dos apartados anteriores resultará de aplicación a todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda derivado del Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento en el caso de arrendadores no comprendidos entre los recogidos en el artículo 4 como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.

1. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo 5, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna de las comprendidas en el artículo 4, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real decreto Ley y en los términos recogidos en los apartados 2 a 4 siguientes, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.

2. Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora comunicará a la arrendataria, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.

3. Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida referida en el artículo 5, esta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas por el artículo siguiente:

Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19.

1. Con objeto de proporcionar cobertura financiera para hacer frente a los gastos de vivienda por parte de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, se desarrolle una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

2. Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

3. A estas ayudas transitorias de financiación podrán acceder todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del COVID-19, de acuerdo con los criterios y requisitos que se definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley. Dicha Orden no precisará desarrollo normativo posterior para su aplicación y cumplirá en todo caso con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

1. Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual».

2. Este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definan y que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley. Así y sin menoscabo de otras actuaciones, este programa tendrá la finalidad de hacer frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis del COVID-19 y que, por tanto, no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos.

3. Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida referidas en el apartado anterior, presentando problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.

4. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual. Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa. A estos efectos podrán adjuntar un informe de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atienda y valoren las circunstancias excepcionales y sobrevenidas de la persona beneficiaria como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.

Moratoria de deuda hipotecaria.

La deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios a los que se refieren los artículos 7 a 16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, serán la deuda hipotecaria contraída o los préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de:

a) La vivienda habitual.

b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1.

c) Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

CIRCULAR INFORMATIVA 18/2020

Fiscal y Laboral

MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Con fecha 31 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que entra en vigor el día 01 de abril de 2020.

Entre todas las medidas aportadas, pasamos a detallarles las más importantes, desde el punto de vista de los empresarios y autónomos:

MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS.

Moratoria de las cotizaciones sociales a la seguridad social.

La Tesorería General de la Seguridad Social otorgará moratorias de seis meses, sin intereses, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas, esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor.

La moratoria en los casos que sea concedida para los trabajadores por cuenta propia serán entre los meses de mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Aplazamiento en el pago de deudas con la seguridad social.

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema RED, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.

Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total.

Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud.

Carácter retroactivo y tramitación del subsidio extraordinario por falta de actividad de las personas integradas en el sistema especial de empleadas de hogar y del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.

El subsidio extraordinario por falta de actividad y el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal previstos en este real decreto-ley serán de aplicación a los hechos causantes definidos en los mismos aun cuando se hayan producido con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que estos se hubieran producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

El Servicio Público de Empleo Estatal establecerá en el plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el procedimiento para la tramitación de solicitudes, que determinará los formularios, sistema de tramitación (presencial o telemático) y los plazos para su presentación.

Moratoria Deuda Hipotecaria

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual, de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales y de viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler, conforme al artículo 19 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19 desde este artículo y hasta el artículo 16ter de este real decreto-ley, ambos incluidos.

A los efectos de la moratoria de deuda hipotecaria a la que se refiere el apartado anterior tendrán la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Las medidas previstas en este real decreto-ley para la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley cuya finalidad fuera la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales se aplicarán a dichos contratos cuando concurran en el deudor todos los requisitos establecidos en el artículo 16 del real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, para entender que está dentro de los supuestos de vulnerabilidad económica.

Prestación extraordinaria por cese de actividad

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse este durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
  • En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior. En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, la reducción de la facturación se calculará en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para producciones agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
  •  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.»

En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en este artículo, que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo previsto en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma.

La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, MODULOS. Deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.

Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

CIRCULAR INFORMATIVA 6/2019

Laboral

NOVEDADES LABORALES 2019

Publicado el Real Decreto-Ley 28/2018, se aprueban medidas urgentes en materia laboral y de empleo que resultan de gran importancia para las empresas.

1.-AUMENTO DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

El tope máximo de cotización máximo en todos los regímenes de la Seguridad Social para el año 2019 es de 4.070,10€ mensuales.

El tope mínimo de cotización tiene distintos niveles:

  • Tope mínimo de cotización del grupo 1 de Régimen General, para 2019 será de 1.466,40€ mensuales. Este aumento (22%) afecta a Régimen Asimilado y todos los trabajadores asimilados al grupo 1 de cotización en Régimen General, como directivos, gerentes y titulados superiores, que no podrán cotizar por un importe inferior al indicado.
  • Tope mínimo para el grupo 2 de cotización será de 1.215,90€ (Titulados de Grado Medio, Ingenieros, Peritos, etc.)
  • Tope mínimo para el grupo 3 de cotización será de 1.057,80€ (Jefes Administrativos y de taller).
  • A partir del grupo 4 de cotización el tope mínimo será de 1.050,00€, que es el SMI por doce pagas anuales.

2.- CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE.

Todos los contratos de Formación que se formalicen a partir del día 1 de enero 2019, los trabajadores se encontrarán en el intervalo de edad de 16 a 25 años, anteriormente se extendía esta edad hasta los 30 años.

3.- RECARGO EN LOS CONTRATOS TEMPORALES DE DURACION REDUCIDA.

Los contratos de duración inferior o igual a 5 días, llevarán un recargo sobre la cuota empresarial del 40%.

4.- AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD A 5 SEMANAS.

Este permiso se amplia a 5 semanas por el nacimiento de 1 hijo, a partir del 1 de enero 2019.

5.- DEROGACIÓN BONIFICACIONES SUJETAS A LA TASA DE DESEMPLEO SUPERIOR AL 15%.

Desde el mes de octubre 2018 la tasa de desempleo se ha reducido, quedando por debajo de la barrera del 15%, por lo que todas las bonificaciones vinculadas la tasa de desempleo superior al 15%, han perdido su vigencia. Todas las aprobadas con la Reforma Laboral de 2012/2013.

6.- PLANES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO 2019.

  • Control contratación falsos autónomos.
  • Control contratos a tiempo parcial y registro de jornada diaria.
  • Control trabajos nocturnos, especialmente sector de hostelería.
  • Control sobre aplicación de Convenios Colectivos.
  • Control de la cotización por contingencias profesionales en cada sector de   Actividad.
  • Plan de lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
  • Control sobre el fraude en la contratación y conversión contratos     temporales en indefinidos.

En la Comunidad Valenciana se ha firmado un acuerdo entre la Inspección de Trabajo y la Policía Autonómica, para que puedan actuar y acompañar a los Inspectores de Trabajo en las visitas a las empresas y también a los hogares familiares, cuando la actividad se desarrolle en un domicilio particular, pudiendo solicitar Orden Judicial que les facilite la inspección, si se tiene conocimiento de la comisión de una infracción o fraude en el orden Social-laboral.

Recordamos la necesidad de tener vigente:

  • Contrato de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Contrato de Protección de Datos.
  • Seguro colectivo de convenio, cuando así obligue el convenio de aplicación.

Atentamente,

María Antonia Juarez, S.L.
Asesoría Fiscal, Contable y Laboral.

CIRCULAR INFORMATIVA 17/2018

 

Fiscal

 

LAS PROPINAS DE CLIENTES TRIBUTAN EN EL IRPF

 
 

Pasamos a recordarles, que la Dirección General de Tributos (DGT), según el artículo 17.1 de la ley de Renta, entiende, que las cantidades percibidas en concepto de propinas están sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones a cuenta, por lo que la empresa está obligada a retener e ingresar las propinas como si de una retribución más se tratara.

 
 

A nivel de Impuesto sobre Sociedades (IS), las cantidades entregadas por los clientes en concepto de propinas, constituyen un ingreso contable que debe integrarse en la base imponible del Impuesto, con independencia de que aquellas se distribuyan con posterioridad entre los trabajadores, deduciéndose la empresa como gasto, la distribución vía nómina de estas propinas.

 
 

A nivel de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la DGT considera que la empresa es la mera intermediaria entre sus clientes y los empleados, por lo que no estarán sujetas a IVA, no teniendo, la empresa, que realizar declaraciones de IVA por este concepto.

 
 

A nivel de Seguridad Social, las propinas que se incluyan en la nómina al trabajador, incrementarán la base de cotización y, consecuentemente, obligarán a cotizar a la empresa por el importe de dichas propinas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,

 

María Antonia Juárez Mulero

Economista – Auditora

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 13/2018

 

Laboral

 

OBLIGACIÓN DE OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AUTÓNOMOS

 

Con fecha 1 de marzo 2018, la Tesorería General de la Seguridad Social aprobó la Orden ESS/214/2018, que regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social, obligando con ello a los autónomos y todos los trabajadores de Régimen Especial, a relacionarse con dicho organismo por medio de certificado o firma digital.

 
 

Para cumplir con esta obligación, la Tesorería General de la Seguridad Social concede un plazo hasta el día 30 de septiembre 2018, improrrogable. Por tanto, el día 1 de octubre 2018 no existirá otra forma para relacionarse con la Tesorería General de la Seguridad Social más, que utilizando el certificado o firma digital.

 
 

Si necesitan algún tipo ayuda para obtener el mismo, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente.

 

Mª Antonia Juárez Mulero

Economista – Auditora

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 7/2018

 

Laboral

 

BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2018

 

Publicada la Orden ESS/55/2018 de 28 de enero sobre el desarrollo de las normas legales de cotización a la Seguridad Social, que estarán en vigor durante el año en curso, pasamos a detallarle los aspectos más importantes.

 

COTIZACIÓN PARA TRABAJADORES EN RÉGIMEN GENERAL

La base mínima de cotización será de 858,60€ y la base máxima queda en el mismo importe aprobado para 2017, 3.751,20€.

 

COTIZACIÓN PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Tope mínimo:

  • Autónomos societarios, cotizarán por una base mínima de 1.199,10€, quedando una cuota mensual de 358,53€.
  • Autónomos (persona física) cotizará por una base mínima de 910,80€, quedando una cuota mensual de 275,02€ (no ha sufrido variación).

Tope máximo:

  • Mayores de 47 años a fecha 01/01/2018 podrán cotizar por una base máxima de 2.023,50€, con una cuota mensual de 605,02€, si en los años anteriores no han cotizado por una base superior.
  • Si la base por la que ha cotizado con anterioridad ha sido superior a 2.023,50€, se le aplicará un 3% de aumento a la última base de cotización y esa será la base por la que cotice durante 2018.
  • El tope máximo para los trabajadores autónomos menores de 47 años y para los que venían cotizando por la base máxima, será de 3.751,00€ (mismo importe de 2017).

 

COTIZACIÓN SISTEMA ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR

La cuota de Seguridad Social ha aumentado en 0,90% para el año 2018. A cargo del trabajador quedará una cuota del 4,40% (que aumenta en 0,15%) y a cargo del empleador un 22,85% (que aumenta en 0,75%), más el 1,10% de contingencias profesionales. La cuota total conjunta se modifica de un 27,60% en 2017 a un 28,50% en 2018, con una base de cotización mínima de 167,74€/mensuales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,

 

Mª Antonia Juárez Mulero
Economista – Auditora

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 28/2017

Laboral

 

NUEVAS MEDIDAS PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO

 

Aprobada la Ley 6/2017 de 24 de octubre sobre modificaciones del Estatuto del Trabajador Autónomo, indicamos las medidas de mayor relevancia para los autónomos:

 

1.- BONIFICACIONES EN LA CUOTA DE AUTÓNOMO:

  • Tarifa Plana durante 24 meses: las 12 primeras cuotas serán de 50€ mensuales, las siguientes 6 cuotas llevarán una bonificación del 50%, y las siguientes 6 cuotas tendrán una bonificación del 30%.
  • Los hombres menores de 30 años y las mujeres menores de 35 años, dispondrán de una bonificación adicional del 30% de la cuota durante 12 meses más, incluidos los autónomos que contraten por cuenta ajena una vez iniciada la actividad.
  • El plazo requerido sin estar de alta en el Régimen de Autónomos para tener derecho a la bonificación, es de dos años (antes 5 años).
  • Cuando el Autónomo se haya beneficiado de la Tarifa Plana con anterioridad, podrá beneficiarse de nuevo de la Tarifa Plana en el caso de permanecer de baja en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) durante un periodo mínimo de 3 años. (Antes no se podía acoger a nueva bonificación).
  • Las trabajadoras autónomas que cesen en la actividad por maternidad y se reincorporen antes de los dos años siguientes, tendrán derecho a acogerse a la tarifa plana detallada anteriormente.

 

2.- INICIO DEL PAGO DE LA CUOTA DE AUTÓNOMO:

  • El pago de la cuota de autónomo comenzará desde la fecha de Alta inicial en el RETA, y finalizará en la fecha de Baja del mismo (ahora se paga obligatoriamente desde el día 1 hasta el día 30).
  • Posibilidad de cambiar la Base de Cotización en 4 plazos a lo largo del año (ahora 2 plazos).

 

3.- REDUCCCIÓN DEL PORCENTAJE DE RECARGO EN EL PAGO FUERA DE PLAZO.

  • Si la deuda se paga durante el primer mes, el recargo a pagar será del 10% de la cuota (ahora se paga el 20% desde el primer día de retraso).

 

4.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR:

  • Bonificación del 100% de la cuota durante el periodo de maternidad, paternidad, Riesgo por embarazo y Riesgo por lactancia.
  • Bonificación del 100% de la cuota durante un año para cuidado de hijos menores de 12 años o personas dependientes, siempre que se contrate un trabajador en su lugar.

 

5.- COBRO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

  • Se podrá percibir el 100% de la pensión de jubilación, siempre que tenga trabajadores contratados. Hasta la fecha se podía compaginar al 50% pagando la cuota de autónomo correspondiente.

 

6.- RECONOCIMIENTO DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EL RÉGIMEN GENERAL

  • A partir de ahora si un autónomo tiene un accidente durante el camino de ida y vuelta a su lugar de trabajo (accidente in itinere), este accidente será considerado como accidente de trabajo, por lo que tendrá la correspondiente cobertura por parte de la Seguridad Social.

 

7.- CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE FAMILIARES:

  • Bonificación del 100% en la cuota de Seguridad Social en la contratación indefinida de familiares del autónomo, cónyuge e hijos y familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad durante un periodo de 12 meses. Siempre que se mantenga el nivel de empleo durante 6 meses y no se haya reducido plantilla por medio de despidos en los últimos 12 meses.

 

 

 

La entrada en vigor de esta Ley es, con carácter general la fecha de 26 de octubre, excepto:

  • Reducciones y bonificaciones de cuota (punto 1).
  • Fechas de modificación de Bases de cotización (punto 2).
  • Recargo por pago de cuota fuera de plazo (punto 3).

Que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2018.

Atentamente,

 

Mª Antonia Juárez Mulero

Economista – Auditora

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 17/2017

 

Laboral

 

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS

 

Publicada la Ley 3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, el pasado día 28 de junio, modifica la Base de Cotización de los Trabajadores Autónomos que no tuvieron subida de Cuota el día 1 de enero 2017.

 

1.- Los trabajadores autónomos que a fecha 1 de enero 2017 cotizasen por la base mínima (893,10€), a partir del día 1 de julio 2017 cotizarán por una base de 919,80€ mensuales, que supone un incremento del 3%. La cuota que van a pagar a partir del mes de julio 2017, será de aproximadamente 275,02 € mensuales, siempre que coticen sólo por enfermedad común (no coticen por enfermedad profesional y cese de actividad).

 

2.- Todos aquellos trabajadores autónomos que a fecha 1 de enero 2017 tengan cumplidos 48 años o más y cotizasen por la base máxima para este tramo de edad (1.964,70€) que pagaban una cuota de 587,45 € mensuales, pasarán a cotizar por una base de 2.023,50 € mensuales, pagando mensualmente una cuota de 605,03 €.

 

En breve, se publicará la modificación del Estatuto del Trabajador Autónomo, con algunas medidas que pueden beneficiar al colectivo.

 

En el momento que se publique informaremos puntualmente de las modificaciones.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atentamente

 

María Antonia Juárez Mulero
Economista – Auditora