CIRCULAR INFORMATIVA 51/2020

Laboral

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DEL CONTROL DE REGISTRO HORARIO

Pasamos a recordarles la entrada en vigor en mayo de 2019, la normativa sobre control de jornada laboral, por medio del Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo.

Las empresas deben tener un registro de entrada y salida para controlar las jornadas realizadas por sus trabajadores.

La empresa debe conservar estos registros durante cuatro años, a disposición de los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo, ya que su incumplimiento puede conllevar una sanción de hasta 6.250€.

La realización de horas extraordinarias está limitada a 80 horas anuales, exceptuando las que se debieran realizar en caso de fuerza mayor.

El registro de jornada se debe realizar todos los días que el trabajador ocupe su puesto de trabajo, en los periodos de vacaciones y permisos no se debe registrar.

Cada empresa, puede establecer el sistema de control de jornada que considere más oportuno.

Pueden descargar un modelo de registro haciendo click en PLANTILLA REGISTRO DIARIO DE JORNADA.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.
Asesoría Fiscal, Contable y Laboral.

CIRCULAR INFORMATIVA 45/2020

Laboral

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

Con fecha 30 de septiembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

PRORROGA DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO.

En este caso se han regulado tres posibilidades de ERTE, uno por impedimento de la actividad, otro por limitación de la actividad y el que ya existía por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Pasamos a explicarles los tres tipos de ERTE.

ERTE por Impedimento de la actividad

Cuando las empresas se vean imposibilitadas para el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo, debido a nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias aplicadas a partir del 1 de octubre, podrán beneficiarse de las exoneraciones de las cuotas de Seguridad Social, previa autorización de un expediente de regulación de empleo, respecto de los trabajadores que sigan con toda o parte de su jornada suspendida.

Las exoneraciones son las siguientes:

  • En caso de menos de cincuenta trabajadores, mientras dure el periodo de cierre, tendrán bonificada al 100% la aportación empresarial de la Seguridad Social devengada durante ese periodo.
  • En el caso de más de cincuenta trabajadores, tendrán una bonificación del 90% de la aportación empresarial mientras dure el periodo de cierre.

ERTE por limitación del desarrollo de la actividad

En el caso de las empresas de cualquier sector que vean limitado el desarrollo de su actividad a consecuencia de las decisiones adoptadas por la autoridad, podrán beneficiarse, previa aprobación de un expediente de regularización temporal de empleo de fuerza mayor por limitaciones, de las exoneraciones siguientes en la cuota empresarial:

  • En el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores, respecto a los trabajadores que todavía tengan su jornada suspendida o reducida, la bonificación en los Seguros Sociales será 100% en octubre, 90% en noviembre, 85% diciembre y 80% en enero.
  •  En el caso de empresas de más de cincuenta trabajadores la exención en la cuota empresarial, respecto a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero será respectivamente de 90%, 80%, 75% y 70%.

Para la aplicación de las exoneraciones las empresas deberán solicitarlo a la Tesorería de la Seguridad Social a través de la comunicación de los trabajadores que están afectados y previa declaración responsable.

ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas al Covid-19.

El procedimiento para la solicitud estará regulado por el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. En este artículo se regula el periodo de consultas y quien lo forma.

Se podrá iniciar la solicitud de dicho expediente mientras aun este vigente el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. En caso de que se inicie tras la finalización del ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos se retrocederá hasta la de finalización de este.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO.

Todas aquellas empresas que se beneficien de las nuevas exoneraciones quedaran comprometidas en un nuevo periodo de seis meses de mantenimiento del nivel de empleo. En caso de que la empresa ya tenga el compromiso de mantener el nivel de empleo, en inicio de esta nueva obligación quedara supeditado a la finalización del primero.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO.

Las empresas que hayan solicitado la prorroga deberán de tramitar una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo para los trabajadores antes del 20 de octubre de 2020. En el caso de trabajadores que tengan reducida su jornada, la empresa deberá de realizar periodos de actividad e inactividad.

La cuantía de la prestación por desempleo será del 70%. En ningún momento se computará como consumida la prestación por desempleo.

MEDIDAS DE APOYO DE AUTÓNOMOS

Autónomos afectados por la introducción de nuevas medidas para la contención del virus.

Los trabajadores que tengan que suspender su actividad como consecuencia de una nueva medida adoptada por la autoridad competente, tendrá derecho a una prestación económica por cese de actividad. Requisitos:

  • Estar de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social, durante al menos 30 días antes de la fecha de la resolución que acuerde el cese de la actividad.
  • Hallarse al corriente de pago en sus obligaciones en la Seguridad Social.

La prestación será el 50% de la base mínima que corresponda a su actividad, que se incrementará un 20% en caso de familia numerosa. Pero en el caso en el que convivan dos personas con derecho a la prestación, su prestación será del 40% para cada uno.

También estará exonerado en su obligación de cotizar, pero se entenderá como cotizado.

La prestación nacerá el día siguiente a la aplicación de la medida de cierre y finalizará el último día del mes que se acuerde el levantamiento de la medida.

Esta prestación será compatible con el trabajo por cuenta ajena siempre que su retribución sea inferior a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional.

Autónomos que se hayan visto reducidos sus ingresos.

Requisitos para poder acceder a la prestación:

  • Estar de alta en la Seguridad Social y al corriente sus obligaciones en la Seguridad Social.
  • No tener derecho a otra prestación.
  • No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores al salario mínimo interprofesional.
  • Sufrir en el cuarto trimestre una reducción de al menos el 50% en sus ingresos, respecto al primer trimestre.

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima y tendrá una duración máxima de cuatro meses sin que pueda durar más del 31 de enero de 2021. Y estará exonerado en sus cuotas de la Seguridad Social.

Autónomos que tuvieran reconocida derecho a la prestación por cese de actividad por cuenta propia y su prorroga.

Los autónomos que vinieran disfrutando de dicha prestación podrán continuar percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021 siempre que en el cuarto trimestre mantengan los requisitos por los que se le reconoció la prestación.

Para el acceso de dicha prorroga deberán de acreditar una reducción en su facturación del cuarto trimestre de al menos un 75% en relación con el mismo periodo en 2019. Además, tampoco podrán haber obtenido unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros durante el cuarto trimestre.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.
Asesoría Fiscal, Contable y Laboral.

CIRCULAR INFORMATIVA 43/2020

Laboral

TRABAJO A DISTANCIA

Con fecha 23 de Septiembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de Septiembre, por el que se regula el trabajo a distancia.

Pasamos a indicarles las principales medidas adoptadas por este Real Decreto:

Voluntariedad del trabajo a distancia y acuerdo de trabajo a distancia

El trabajo a distancia será voluntario tanto para la persona trabajadora como para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en este real decreto-ley.

La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y la persona trabajadora.

Obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia

El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia. La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones.

Contenido del acuerdo de trabajo a distancia

Será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos, el siguiente:

  • Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.
  • Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
  • Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.
  • Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.
  • Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.
  • Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo de este.
  • Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.
  • Medios de control empresarial de la actividad.
  • Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.
  • Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
  • Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
  • Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

Modificación del acuerdo de trabajo a distancia

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose por escrito con carácter previo a su aplicación. Esta modificación será puesta en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras.

Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación

Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que  hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

Derecho a la formación

Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajan a distancia. La empresa deberá garantizar a las personas que trabajan a distancia la formación necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional

Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho, en los mismos términos que las que prestan servicios de forma presencial, a la promoción profesional, debiendo la empresa informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas

Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad.

Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo.

El derecho al abono y compensación de gastos

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible en los términos del acuerdo.

De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido.

Derecho al registro horario adecuado

El sistema de registro horario que se regula en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, de conformidad con lo establecido en la negociación colectiva, deberá reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada.

Derecho a la prevención de riesgos laborales

La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

La empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona que trabaja a distancia mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus resultados, y prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos

La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.

La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.

Derecho a la desconexión digital

Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables.

Derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia

Las personas trabajadoras a distancia tendrán derecho a ejercitar sus derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de las personas trabajadoras del centro al que están adscritas.

Protección de datos y seguridad de la información

Las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación sobre protección de datos, previa participación de la representación legal de las personas trabajadoras.

Facultades de control empresarial

La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos

Situaciones de trabajo a distancia existentes a la entrada en vigor del real decreto-ley

Este real decreto-ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.

Tramitación en reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia

El procedimiento para las reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia se regirá por las siguientes reglas:

  • La persona trabajadora dispondrá de un plazo de veinte días hábiles, a partir de que la empresa le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por la persona trabajadora, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.
  • El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará sobre la negativa o la disconformidad comunicada por la empresa respecto de la propuesta realizada por la persona trabajadora y demás circunstancias concurrentes.
  • El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de tres días. Contra la misma no procederá recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en cuyo caso el pronunciamiento será ejecutivo desde que se dicte la sentencia.

Cuando la causa de la reclamación en materia de trabajo a distancia esté relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regirá por el procedimiento establecido en el artículo 139.

Entrada en vigor

El presente real decreto-ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.
Asesoría Fiscal, Contable y Laboral.

CIRCULAR INFORMATIVA 35/2020

Laboral

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA EMPRESARIOS Y SOCIEDADES: LA LPRL, LA LOPD, LOS SEGUROS DE CONVENIO Y EL CERTIFICADO DIGITAL

Pasamos a recordarles la obligación de cumplimiento de las siguientes Leyes:

  • Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)

Es de obligado cumplimiento para Empresas y Profesionales, con al menos un trabajador, el tener un plan preventivo que pueda evitar riesgos laborales para los trabajadores en el desempeño de sus funciones, así como la vigilancia de la salud, con reconocimientos periódicos en función del sector de actividad.

Dicho plan puede ser requerido por Organismos Públicos u otros Clientes a Empresas o Profesionales, aunque no tengan trabajadores, para el sector de la construcción y afines.

  • Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre)

Tanto autónomos como empresas del sector público y privado y entidades sin ánimo de lucro, deben cumplir las garantías establecidas para la protección del derecho fundamental a la intimidad y a la privacidad de datos personales, en la creación, tratamiento y modificación de ficheros que contengan información personal (nombre, teléfono, dirección, email, número de cuenta bancaria, etc.) de clientes, empleados, proveedores, acreedores, etc.

  • Suscripción de póliza de seguro para trabajadores (Convenios Colectivos)

Los distintos Convenios Colectivos, en su mayoría obligan a empresas y autónomos con trabajadores por cuenta ajena a contratar, una póliza de seguro obligatorio para la contingencia de invalidez y muerte de los trabajadores. En caso de no cumplir con esta obligación, si un trabajador tuviera un accidente con resultado de invalidez o muerte, el empresario será el responsable del pago de capital que establezca el convenio.

Cada Convenio establece un capital distinto, la media actual es de 15.000€ por trabajador.

El incumplimiento de estas Leyes, supone estar expuesto a una Inspección aleatoria o provocada, ante la denuncia de un trabajador, la competencia, un proveedor, o el accidente de un trabajador, que conllevaría graves sanciones económicas.

  • Obligación de obtención de Certificado Digital para Autónomos

Con fecha 1 de marzo 2018, la Tesorería General de la Seguridad Social aprobó la Orden ESS/214/2018, que regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social, obligando con ello a los autónomos y a todos los trabajadores de Régimen Especial, a relacionarse con dicho organismo por medio de certificado o firma digital.

Para cumplir con esta obligación, la Tesorería General de la Seguridad Social concedió un plazo extraordinario hasta el día 30 de septiembre 2018, improrrogable. Por tanto, desde el día 1 de octubre 2018 no existe otra forma para relacionarse con la Tesorería General de la Seguridad Social más, que utilizando el certificado o firma digital.

Si necesitan algún tipo de orientación, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.
Asesoría Fiscal, Contable y Laboral.

CIRCULAR INFORMATIVA 33/2020

Laboral

BREVES INDICACIONES SOBRE EL REGISTRO DE JORNADA

1.- ¿Quién está obligado a aplicar el cumplimiento de registro de jornada?:

Todos los Empresarios y Sociedades con trabajadores contratados en el régimen general de la seguridad social.

Excepciones: trabajadores de alta dirección, titulares de las empresas como trabajadores autónomos o administradores y gerentes de sociedades mercantiles y socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales.

Flexibilidad en la jornada: no es obligatorio que cada día registren el mismo número de horas trabajadas, siempre que cuando se superen las horas de contrato establecidas (lo más común es de 40 horas semanales), se compensen con descanso a lo largo de los tres meses siguientes.

En algunos convenios la jornada se computa anualmente, por lo que deberá establecerse una fórmula para no exceder el número de horas anuales. En caso de exceso, se deben cotizar como horas extraordinarias.

2.- Si existen periodos de descanso entre jornadas, estos también deben figurar a la entrada y salida del puesto de trabajo.

Cuando un trabajador está de baja por enfermedad o accidente, no se debe registrar nada, así como cuando está de vacaciones o de permiso retribuido, por enfermedad o fallecimiento de familiares, asistencia a exámenes, etc.

3.- Medios válidos para el cumplimiento de la obligación de registro de jornada:

Debe llevarse a cabo día a día e incluir el momento de inicio y finalización de la jornada.

Será válido cualquier sistema o medio, en soporte papel o telemático, apto para cumplir el objetivo legal, proporcionar información fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori, ya sea por el empresario o por el propio trabajador. Para ello la información de la jornada debe documentarse en algún tipo de instrumento escrito o digital, o sistemas mixtos, que garanticen la trazabilidad y rastreo fidedigno e invariable de la jornada diaria una vez registrada.

Tan solo en defecto de convenio o acuerdo colectivo, corresponde al empresario establecer un sistema propio que en todo caso debe someterse a la consulta de los representantes legales de los trabajadores. De no existir representación legal de los trabajadores, la organización y documentación del registro corresponderá al empresario, que deberá cumplir necesariamente con los requisitos y objetivos previstos.

Los Registros de Jornada permanecerán en la empresa y a disposición de los trabajadores que lo soliciten, sus representantes legales o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El periodo de conservación de tales registros, será de cuatro años.

No es obligatorio entregar copia a los trabajadores, pero si permitir el acceso a los registros.

El máximo de horas extraordinarias a realizar anualmente por los trabajadores es de 80 horas, exceptuando las que deban realizarse por causas de Fuerza Mayor.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.
Asesoría Fiscal, Contable y Laboral.

CIRCULAR INFORMATIVA 32/2020

Laboral

MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Con fecha 27 de Junio de 2020, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN

Tanto para Expediente de Regulación de Empleo de fuerza mayor como de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción:

Respecto de las personas trabajadoras de empresas en situación de ERTE que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como aquellas que ya la hayan reiniciado con anterioridad a este Real Decreto, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020 para empresas de menos de 50 trabajadores. Para empresas de más de 50 trabajadores, la exención alcanzará el 40% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.

Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 35 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras. Para empresas de más de 50 trabajadores, la exención alcanzará el 25% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.

MEDIDAS TEMPORALES DE TRANSICIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE COTIZACIÓN.

Las empresas y entidades que se encuentren en situación de fuerza mayor total, quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

– Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, el 70 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de julio de 2020, el 60 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de agosto de 2020 y el 35 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de septiembre de 2020, si las citadas empresas y entidades hubieran tenido menos de 50 personas trabajadoras.

– Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de  jornada afectados por la suspensión, el 50 % respecto de las cotizaciones devengadas en  el mes de julio de 2020, el 40 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de  agosto de 2020 y el 25 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de septiembre  de 2020 si las citadas empresas y entidades hubieran tenido 50 o más personas  trabajadoras.

Las empresas y entidades que, a partir del 1 de julio de 2020, vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de sus centros de trabajo, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados, de los porcentajes de exención previstos a continuación, previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor:

– El 80 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y  hasta el 30 de septiembre, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras.

– Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia que viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad, tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías:

  • 100 por cien de las cotizaciones correspondientes al mes de julio.
  • 50 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.
  • 25 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.

PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA

Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad, podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El acceso a esta prestación exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020. A partir de esta fecha solo se podrá continuar percibiendo esta prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social.

A partir del 21 de octubre de 2020 y del 1 de febrero de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el consentimiento de los interesados otorgado en la solicitud, recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas.

Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días siguientes a su requerimiento:

– Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020.

– Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020 a los efectos de poder determinar lo que corresponde al tercer y cuarto trimestre de esos años.

– Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.

El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este artículo podrá:

Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.

Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad gestora.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

CIRCULAR INFORMATIVA 27/2020

Laboral

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

Con fecha 13 de mayo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Esta normativa viene a regular las especialidades que se van aplicar a los ERTES de fuerza mayor durante la desescalada.

Especialidades aplicables a los expedientes regulación de empleo

Se reconoce el derecho de mantener el ERTE de fuerza mayor hasta el 30 de junio con exoneración en las cuotas de seguridad social siempre y cuando su actividad siga afectada por las causas que dieron lugar a la suspensión.

Sin embargo, para aquellas empresas que puedan ir reanudando su actividad, se encontraran en situación de fuerza mayor parcial hasta el 30 de junio, con una serie de variaciones en la exoneración de cuotas.

Dichas empresas deberán de ir reincorporando a sus trabajadores, en la medida que les sea posible para el desarrollo de la actividad. Se podrá sacar a los trabajadores con reducción de jornada.

Medidas extraordinarias en materia de cotización

Dichas variaciones son:

  • Los trabadores que se reincorporen a su puesto de trabajo tendrán una exoneración en la cuota de seguridad social de la empresa del 85% en mayo y del 70% en junio, siempre que la empresa tenga menos de 50 trabajadores. En el caso de que la empresa tenga más de 50 trabajadores, será 60% en mayo y un 45% en junio.
  • Los trabajadores de dichas empresas que continúen con su actividad suspendida (situación de ERTE), en mayo tendrán una exoneración del 60% mientras que en junio será del 45%, en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. Para las empresas de más de 50 trabajadores, en mayo será de un 45% la exoneración y en junio de un 30%.

Mantenimiento del nivel de empleo

Las empresas que se acogieran al ERTE de fuerza mayor con exoneración de cuotas deben de mantener el nivel de empleo durante 6 meses desde la reanudación de la actividad.

En el caso dedespido disciplinario, dimisión, jubilación, incapacidad permanente, muerte o para evitar entrar en concurso de acreedores, no se considerará reducción del nivel de empleo y por tanto no se perderá la exoneración aplicada en las cuotas de seguridad social durante la situación de ERTE.

ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción

Los ERTES que se realicen por este motivo les será de aplicación el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020, el cual regula el procedimiento de formación de la comisión negociadora, hasta el 30 de junio.

Dichos ERTES se podrán iniciar aun con el ERTE de fuerza mayor vigente. En caso de realizarse con posterioridad a la finalización del ERTE de fuerza mayor los efectos se retrotraerá hasta la fecha de fin del este.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

CIRCULAR INFORMATIVA 24/2020

Laboral

MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

Con fecha 22 de abril se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Las medidas adoptadas para facilitar el ajuste de la Economía y proteger el Empleo son las siguientes:

PRORROGA EN EL TRABAJO A DISTANCIA Y MODIFIACIÓN DE JORNADA.

Se prorroga tras el levantamiento del estado de alarma, en dos meses, el trabajo a distancia, la adaptación del horario y la reducción de la jornada. Quedando prorrogada esta medida en un total de tres meses, siempre que la actividad de la empresa lo permita.

SE REGULA LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO

En aquellos casos en los que, a partir del 9 de marzo, el contrato de trabajo quedase extinguido durante el periodo de prueba a instancia de la empresa, con independencia de la causa de la extinción de la relación laboral anterior, será tenido en cuenta como situación legal de desempleo.

Además, también tendrán esta consideración y en situación asimilada al alta, las personas que, desde el 1 de marzo, hubieran presentado dimisión en su empresa porque tenían un compromiso firme de suscripción de un contrato con otra empresa, pero que debido al Covid-19, se hubiera desistido de dicha relación por este motivo.

SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

El periodo que dure el estado de alarma no computara a efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección del Trabajo y Seguridad Social. Tampoco lo harán, para la duración de los plazos fijados por los funcionarios de Inspección para el cumplimiento de los requerimientos, aunque hay una serie de excepciones a esta regla, como por ejemplo, las actuaciones de comprobación, requerimientos y ordenes de paralización que deriven de situaciones vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma o aquellas que debido a su gravedad o urgencia se han necesarias para la protección del interés general.

También quedarán suspendidos los plazos de prescripción de las acciones por las que se pueda exigir responsabilidades al cumplimiento de la normativa del orden social y seguridad social.

Los plazos que vienen regulados en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidadores de cuotas de la seguridad social, también se verán afectados.

OPCIÓN POR UNA MUTUA DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTONOMOS QUE OPTASEN POR UNA ENTIDAD GESTORA

Los autónomos que tuvieran una entidad gestora para la protección de determinadas contingencias, que no ejercitasen su derecho para el cambio de protección a una mutua deberán de hacerlo ahora. Este cambio deberá realizarlo mediante un documento de adhesión en un plazo de tres meses desde que finalice el estado de alarma. La cual surtirá efectos desde el segundo mes siguiente a la finalización del plazo de tres meses para la adhesión.

En el caso de no realizar de manera voluntaria el cambio, se adjudicará la mutua que mayor representación en la provincia del autónomo tenga, notificándosele al autónomo de dicho cambio por la mutua.

Además la mutua por la que el autónomo optase, será responsable del pago por la prestación de cese de actividad y demás prestaciones derivadas por las contingencias, como la prestación por IT.

NORMAS SOBRE DISPONIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LOS PLANES DE PENSIONES EN SITUACIONES DERIVADAS POR EL COVID-19

En relación con el Real Decreto-Ley 11/2020, para la disponibilidad de los derechos relativos a los planes de pensiones se establece una serie de normas, las cuales son:

  1. Quienes pueden solicitar los derechos, son los que tengan un plan del sistema individual y asociado y aquellos que sean participes en planes del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida.
  2. Quien solicite los derechos deberá acreditar la concurrencia de las situaciones mediante la aportación de documentos acreditativos.
  3. El importe de los derechos, será el que justifique el participe a la entidad gestora, pero estará sujeto a una serie de limites dependiendo de cada circunstancia.
  4. El participe se hará responsable de la veracidad de la documentación que acredite la situación y de la cuantía a percibir.
  5. El reembolso se realizará en un plazo de seis días hábiles desde la presentación de la totalidad de la documentación acreditativa, pero en el caso de los planes de pensiones de empleo será el plazo de treinta días hábiles.
  6. También será aplicable a los asegurados de planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el art. 51 de la Ley 35/2006.

COTIZACIÓN EN SITUACIÓN DE INACTIVIDAD EN EL SISTEMA ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS

Los trabajadores que realizasen en el año 2019 un máximo de 55 jornadas reales cotizadas, se les aplicará a las cuotas resultantes una reducción del 19,11% en los periodos de inactividad del 2020 con efectos del 1 de enero del 2020.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

CIRCULAR INFORMATIVA 20/2020

Fiscal y Laboral

MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Con fecha 31 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que entra en vigor el día 01 de abril de 2020.

Entre todas las medidas aportadas, pasamos a detallarles las más importantes:

Derecho a percepción del bono social de suministros por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19.

Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos, los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del apartado 2, acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.

Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua.

Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso.

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia. Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso.

Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas.

  1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
    • En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización.
    • Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras. En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.4.º del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, podrá solicitar el cambio de potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución expresa de la Dirección General de Política Energética y Minas. Los distribuidores deberán atender las solicitudes en los términos establecidos en este artículo. En todo caso, los consumidores deberán notificar a esa Dirección General las solicitudes realizadas a los distribuidores.
  2. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación. En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o la modificación de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apartado anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red. Cuando el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección General de Política Energética y Minas dicha solicitud.
  3. Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de:
    • los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma,
    • los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,
    • en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural.

  1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
    • El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la modificación del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno para él.
    • El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las siguientes medidas:
      • El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de transporte y distribución;
      • La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de duración estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan tenido que transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal contratado y sin que dicha modificación se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de una nueva modificación;
      • La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción.
    • Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la aplicación de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el comercializador al titular del punto de suministro.
  2. Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por parte de distribuidores y transportistas, con independencia de la fecha de fin de vigencia del contrato de acceso o del plazo transcurrido desde su firma o última modificación. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.
  3. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del escalón del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso de suspensión temporal del contrato de acceso, la nueva activación del contrato se hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación.

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo.

  1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación. En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).
  2. En estos casos, las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la obligación de abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora, establecida en el párrafo d) del artículo 46.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, hasta que el consumidor abone la factura completa. Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago conforme al apartado anterior.
  3. Por su parte, las comercializadoras de gas natural quedarán eximidas de abonar el término de conducción del peaje de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora o transportista, establecida en el párrafo f) del artículo 81.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, hasta que el consumidor abone la factura completa. Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras o transportistas la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago conforme al apartado anterior.
  4. Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización también quedarán eximidas de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en virtud de esta medida, hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.
  5. Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los siguientes seis meses. Los autónomos y empresas que se acojan a la suspensión de la facturación recogida en este artículo no podrán cambiar de comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya completado dicha regularización.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

CIRCULAR INFORMATIVA 19/2020

Fiscal y Laboral

MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Con fecha 31 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que entra en vigor el día 01 de abril de 2020.

Entre todas las medidas aportadas, pasamos a detallarles las más importantes:

Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables

  1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. En los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Siendo esta circunstancia comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento.
  2. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.
  3. Moratoria de deuda arrendaticia. Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.

Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda.

La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 , en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:

a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

Lo dispuesto en los dos apartados anteriores resultará de aplicación a todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda derivado del Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento en el caso de arrendadores no comprendidos entre los recogidos en el artículo 4 como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.

1. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo 5, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna de las comprendidas en el artículo 4, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real decreto Ley y en los términos recogidos en los apartados 2 a 4 siguientes, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.

2. Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora comunicará a la arrendataria, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.

3. Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida referida en el artículo 5, esta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas por el artículo siguiente:

Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19.

1. Con objeto de proporcionar cobertura financiera para hacer frente a los gastos de vivienda por parte de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, se desarrolle una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

2. Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

3. A estas ayudas transitorias de financiación podrán acceder todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del COVID-19, de acuerdo con los criterios y requisitos que se definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley. Dicha Orden no precisará desarrollo normativo posterior para su aplicación y cumplirá en todo caso con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

1. Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual».

2. Este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definan y que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley. Así y sin menoscabo de otras actuaciones, este programa tendrá la finalidad de hacer frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis del COVID-19 y que, por tanto, no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos.

3. Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida referidas en el apartado anterior, presentando problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.

4. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual. Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa. A estos efectos podrán adjuntar un informe de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atienda y valoren las circunstancias excepcionales y sobrevenidas de la persona beneficiaria como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.

Moratoria de deuda hipotecaria.

La deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios a los que se refieren los artículos 7 a 16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, serán la deuda hipotecaria contraída o los préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de:

a) La vivienda habitual.

b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1.

c) Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo.

Atentamente,

María Antonia Juárez, S.L.

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral